NO HAY DEMOCRACIA VERDADERA Y ESTABLE SIN PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y JUSTICIA SOCIAL
(Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México)

Publicado el domingo, 28 de junio de 2009

Mensaje de los Obispos de México a los fieles católicos,  y a los hombres y mujeres de buena voluntad, ante  las próximas elecciones federales.

Introducción

México vive profundos cambios en su sistema político [1]. El tránsito a la democracia ha implicado para nuestro pueblo, la experiencia de encuentros y desencuentros, de logros y fracasos. Si  queremos hacer de la democracia un estilo de vida, habrá que valorar críticamente las experiencias, aprender de ellas y generar actitudes nuevas que nos permitan decidir el rumbo de nuestra historia.

Las elecciones del próximo cinco de julio son una magnífica oportunidad para hacerlo. El proceso electoral federal nos permitirá renovar la composición de la Cámara de Diputados. Elegir a seis nuevos gobernadores, conformar nuevos Congresos locales, presidencias municipales, la integración de la Asamblea Legislativa y las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.

Por esta razón, queremos ofrecer a todos los fieles de la Iglesia Católica , a los hombres y mujeres de buena voluntad, el servicio de nuestro ministerio pastoral  y  contribuir, desde lo que es propio de  nuestra misión, en la consolidación de la democracia en nuestro país.  

Con la intención de hacer explícita la dimensión social del evangelio[2], consideramos importante destacar la importancia del actual proceso electoral en el contexto de los desafíos que tiene la cultura democrática en México, pues no hay democracia verdadera y estable sin justicia social, sin división real de poderes y sin la vigencia del estado de derecho.[3] La democracia es un estilo de vida que implica todas las actividades humanas de participación, representación y promoción[4], que requiere de un entramado institucional y cultural fundado en valores y principios.[5]  

Compartimos esta reflexión respetando el principio de laicidad. La Iglesia católica no es un sujeto político, pero si un sujeto social, cuya misión le exige no perder su independencia ni autoridad moral para abogar a favor de los pobres. Nuestra tarea es formar conciencias, defender la justicia, la verdad y educar en la dignidad individual y política. Son los fieles laicos católicos quienes, conscientes de su responsabilidad en la vida pública, deben estar presentes en la formación de los consensos necesarios y en contra de las injusticias.[6]  

I. SITUARNOS EN LA REALIDAD  

Vivimos tiempos difíciles que nos exigen actitudes definidas y comprometidas. No podemos quedarnos en la pasividad provocada por el pesimismo y el miedo. El desaliento en muchos casos puede ser expresión del acercamiento simplista a la realidad e incapacidad por enfrentar los problemas. Ante la realidad es necesario fortalecer en nosotros la esperanza y animarnos a asumir de manera responsable nuestro compromiso ciudadano.  

Sin justicia social no hay democracia 

La crisis financiera global y sus desequilibrios nos está afectando. La recesión económica agudiza las condiciones de vulnerabilidad de grandes sectores de la población mexicana. Se hace más difícil superar la pobreza ancestral, surgen nuevos rostros de la pobreza y aumenta el desempleo. Es urgente que la democracia alcance un sistema económico más justo. Están a la vista los excesos de las políticas neoliberales del sistema financiero que entrega a los pobres a la voracidad de los dueños del dinero.  

No se puede medrar con el hambre y la desesperación de los ciudadanos en este momento de elevado desempleo, carestía y bajísimos salarios. La magnitud de la pobreza y la acentuada desigualdad que se vive México, hacen insuficientes los esfuerzos  de los distintos niveles de gobierno, lo que provoca insatisfacción en muchos ciudadanos.  

Los desafíos de la educación son serios y graves. En muchos lugares no hay instalaciones dignas. La educación pública y privada tiene el reto de educar en las virtudes sociales y formar hombres y mujeres con sentido solidario, capaces de hacer frente a la seducción del individualismo salvaje y de los espejismos del mercado. La capacidad de organización del magisterio, debe tener  un mayor sentido de responsabilidad social, por encima de intereses de partido o de grupo y canalizarse en favor de los educandos. 

La violencia en nuestra sociedad es un hecho. Se manifiesta de muchas maneras que agravian a la sociedad y que lastiman la convivencia social. Es evidente el aumento del crimen organizado (narcotráfico, secuestros, trata de personas, etc.); en torno a estas actividades ilícitas se han constituido grupos de poder que desafían al Estado. El clima de inseguridad que vive la población acentúa la percepción de un deficiente sistema de procuración de justicia. Es preocupante la crisis de sentido ético que explica el incremento de la corrupción, y que aunado a la frecuente impunidad, alienta la tentación de vivir fuera de la ley. 

Ante este panorama la sociedad no cuenta con instrumentos jurídicos que le permitan exigir al Estado la vigencia de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. Particularmente los derechos sociales consagrados constitucionalmente son muy loables, pero la ausencia de instrumentos para exigir su cumplimiento los convierte con frecuencia en “derechos de papel”.  

Participación ciudadana 

La unidad nacional es frágil. La sociedad está fragmentada. Con facilidad se forman grupos en torno a ideales, aficiones, visiones e intereses, y con la misma facilidad los gremios se confrontan al no compartir la manera de ver la historia, de valorar las coyunturas, de enfrentar las dificultades, de resolver los dilemas. El pluralismo social y cultural es legítimo y enriquecedor, sin embargo, cuando se exacerba o cuando se violenta a la sociedad, se favorecen desencuentros, se dificulta el diálogo y se impiden los consensos. La polarización social dificulta la gobernabilidad.   

En un país democrático la ciudadanía debe dar seguimiento a las acciones de quienes ejercen el poder. El acceso a la información y la liberalización de los medios masivos de comunicación, permiten que la ciudadanía se informe de los errores, excesos, abusos, atropellos, irregularidades y hasta delitos cometidos por sus gobernantes, pero no existe forma de sancionarlos, lo que provoca sentimientos de decepción y frustración. La difusión pública de los escándalos y la ausencia de vías para sancionar a los malos gobernantes, acrecienta la percepción de impunidad, una de las grandes debilidades del Estado mexicano. 

La actividad democrática se ha reducido a la mera participación en los procesos electorales. La aportación ciudadana, para su consolidación, supone un estilo de vida que se cultiva desde la propia familia y actitudes ordinarias que la favorezcan. Señalamos ciertos dinamismos culturales que dificultan la participación de la ciudadanía en la vida democrática de nuestro país: a) poner el interés propio o de grupo encima de las necesidades de la nación,  b) hacer prevalecer los intereses individuales sobre los comunitarios c) justificar el recurso a cualquier medio, d) considerar el quehacer político como algo sucio y e) incapacidad de escucha y diálogo con quienes piensan diferente. 

Vida democrática 

Desconfianza en las instituciones y procesos electorales 

Aún subsisten los efectos de la polarización generada en la pasada elección presidencial. Ha disminuido la credibilidad en las autoridades electorales y hay quienes abiertamente expresan su desconfianza en las instituciones políticas del país. Hay algunos ciudadanos que ven con recelo la democracia, que desalientan la participación y confían más en formas autoritarias de gobierno. 

Al interior de los partidos políticos confluyen corrientes que manifiestan su poder en las distintas modalidades para la renovación de su dirigencia o en la selección de candidatos a puestos de elección popular, ocasionando fracturas internas y escisiones que no sólo debilitan a los partidos mismos sino que provocan desencanto en la ciudadanía.  

Es una realidad que a pesar de las reformas electorales el gasto en las campañas sigue siendo altísimo. La ciudadanía demanda campañas menos costosas y un mayor compromiso de los partidos. Un país con índices de pobreza como los que hay en México no puede permitirse el lujo de hacer gastos excesivos en las campañas electorales. Esos recursos podrían destinarse a impulsar el combate contra la pobreza y el desarrollo social. 

Insuficiente representatividad 

La democracia en nuestro país es por definición una democracia representativa. Sin embargo, la forma como se reciben o asumen las decisiones que responden a los grandes desafíos de la vida nacional indica que la ciudadanía no se ve representada en ellas. Las experiencias vividas y las exigencias del momento piden revisar lo que ha significado la representatividad.  

Cuando la ciudadanía no encuentra, en los candidatos que se le proponen, personas que puedan verdaderamente representarla en las instancias de decisión, decide abstenerse de participar. Se sabe del daño que hace a la representatividad una insuficiente participación en las elecciones, porque cuando son pocos los que votan, es el voto de unos cuantos el que define la elección. Quienes resultan electos tienen que enfrentar, además del descontento y la sospecha de quienes no obtuvieron la mayoría, la falta de legitimidad, pues ejercerán legalmente la representación que se les confía, pero sin la necesaria aceptación y el respaldo de la ciudadanía. Esto debilita a las instituciones políticas que colapsan cuando no hay en ellas una auténtica representación popular. 

Por otra parte es necesario reconocer que aún cargamos lastres de una cultura política autoritaria. El avance en el camino democrático requiere de instrumentos de democracia deliberativa, participativa y directa que permitan a los ciudadanos y ciudadanas expresarse en torno a las grandes decisiones que deben tomarse para la vida de la nación. Existen ejemplos de buenas prácticas en algunos gobiernos municipales y en muchas comunidades indígenas aunque no todas se han consolidado en un marco legal.  

Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación son un verdadero signo de los tiempos en nuestra era. Su contribución a la consolidación de la democracia es importante. Por su capacidad de influencia han sido llamados el cuarto poder. Quienes ejercen dominio sobre ellos tienen una gran responsabilidad social. Advertimos con preocupación que, por la influencia de los medios, la conciencia de muchas personas, de distintas edades, se adormece con el veneno cotidiano de la violencia, el sexo, el desenfreno, la mentira, la infidelidad, la desfiguración de la palabra y de la realidad política y económica. 

II. EL APORTE DE LA IGLESIA PARA LA CONSOLIDACION DE LA DEMOCRACIA 

Ante esta situación de carestía global de alimentos, de desbarajuste financiero, de pobrezas antiguas y nuevas, de cambios climáticos preocupantes, de violencias y miserias que obligan a muchos a abandonar su tierra buscando una supervivencia menos incierta, de terrorismo siempre amenazante, de miedos crecientes ante un porvenir problemático, es urgente descubrir nuevamente perspectivas capaces de devolver la esperanza.[7]  

 « ¿Cómo puede contribuir la Iglesia a la solución de los urgentes problemas sociales y políticos, y responder al gran desafío de la pobreza y la miseria?»[8] Encontrar la respuesta nos concierne a todos. Los Obispos de la Iglesia en México, a la luz de la Palabra de Dios, queremos “reconocer los signos de Dios en todas las fatigas del hombre dirigidas a hacer el mundo más justo y habitable”[9] y, con la ayuda de la Doctrina Social de la Iglesia, nos proponemos ofrecer algunos criterios éticos y “apoyar la participación de la sociedad civil para la reorientación y consiguiente rehabilitación ética de la política”[10].  

El Buen Pastor nos enseña a ubicarnos de manera responsable en la sociedad 

En el evangelio, a través de una hermosa comparación, Jesús se presenta a sí mismo como modelo de Pastor[11] (Cf. Jn 10,1-18). Quienes quieran o pretendan apacentar a sus ovejas, tendrán que parecerse a Él. Jesús fue muy sensible ante la carencia de verdaderos pastores, de verdaderos líderes; se conmovió ante la muchedumbre porque “estaban como ovejas sin pastor” (Mc 6,34). 

Las ovejas, símbolo del pueblo, no siguen a un extraño, huyen de él porque no identifican su voz, en cambio siguen a su pastor porque lo conocen y están familiarizadas con él. El buen pastor por su parte, conoce a sus ovejas, les procura lo que necesitan para la vida, no las abandona, no piensa en cómo aprovecharse de ellas, sino en el bien que les puede hacer. Para que haya buenos pastores es necesario que las ovejas tengan un profundo conocimiento de quienes se presentan como sus pastores. Deben saber si les quieren hacer el bien o si pretenden aprovecharse de ellas y distinguir a los verdaderos pastores de los que sólo quieren vivir a costa suya.  

A la luz de este icono evangélico del Buen Pastor, reflexionemos ahora en la naturaleza de la actividad política que ofrece a los cristianos un camino serio y difícil para cumplir el deber de servir a los demás.[12] 

Colocar la persona al centro de la actividad política 

La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política[13] y del bien común[14], que es la razón de ser de la comunidad política. De esta afirmación deriva la dimensión ética de la política que es necesario tener en cuenta, particularmente cuando la actividad política parece condicionada por el poder financiero, por la influencia de los medios de comunicación y por los avances de la técnica. 

Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la actividad política y aceptar el consiguiente orden ético, anima interiormente a la inteligencia y la voluntad a buscar lo que es bueno y verdadero para todos, propicia y orienta el diálogo social e impulsa la participación solidaria, que en definitiva es lo que constituye y dinamiza la comunidad política. El significado profundo de la convivencia civil y política no está en la lucha de fuerzas; sino que se encuentra en la amistad civil[15]. Esta implica ver en los demás, no adversarios, sino semejantes, con quienes es más lo que nos une que lo que nos separa.  

El sujeto de la comunidad política es el pueblo 

La comunidad política encuentra en su referencia al pueblo su auténtica dimensión.[16] De aquí surge el imperativo de la educación de la conciencia social del pueblo para que de acuerdo a los valores que lo congregan, sepa discernir en cada momento el bien verdadero de la comunidad y sus integrantes, así como sus exigencias morales para realizarlas en orden a la felicidad personal y a la convivencia social pacífica y ordenada. Un camino para ello es la práctica de las virtudes sociales. 

Es necesario, mediante la formación cívica, superar la confusión que muchas veces se da entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado.[17] En la medida que la ciudadanía de nuestro país se descubra a sí misma como parte del Estado, se asumirá como responsable. De la soberanía nacional.[18]  

Entre los elementos fundamentales a tener en cuenta en la educación de la conciencia de los pueblos se pueden señalar entre otros: a) mostrar a todas las personas que en ellas hay una natural capacidad de conocer, de querer y de elegir la verdad y el bien; b) formar en los derechos humanos y en los deberes correspondientes, individuales y sociales, sin separarlos de su fundamento ético que se encuentra en una concepción antropológica integral; c) formar en el uso crítico de los medios de comunicación que tienen una fuerte capacidad en formar las conciencias o de adormecerlas mediante la cultura del consumo y de la violencia. La sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, libertad, justicia y solidaridad.[19]  

La justicia es el objeto y la medida intrínseca de la política 

Los cristianos estamos llamados a vivir la fe orientando nuestro comportamiento por las exigencias de la justicia. La construcción del orden justo de la sociedad es tarea de la actividad política y ésta goza de legítima autonomía[20]. La política no puede reducirse a simples técnicas para determinar ordenamientos públicos. Su origen y meta están en la justicia y ésta es de naturaleza ética.[21]  

La justicia es una virtud dinámica y viva que defiende y promueve la inestimable dignidad de las personas y se ocupa del bien común, tutelando las relaciones entre las personas y los pueblos. La justicia, al mismo tiempo virtud moral y concepto legal, debe ser vigilante para asegurar el equilibrio entre los derechos y deberes, así como promover la distribución equitativa de los costos y beneficios. La justicia restaura, no destruye; reconcilia en vez de instigar a la venganza.[22] 

Es deber propio del Estado procurar la justicia y garantizar a cada uno, respetando el principio de subsidiariedad, su parte de los bienes comunes[23].  Por su parte, la Iglesia no puede quedarse al margen de la lucha por la justicia. Se inserta en ella a través de la argumentación racional y despertando fuerzas espirituales sin las cuales la lucha por la justicia no puede afirmarse ni prosperar. El deber inmediato de actuar a favor de un orden justo en la sociedad es propio de los fieles laicos, que como ciudadanos del Estado están llamados a participar en primera persona en la vida pública, es decir, en nombre propio y bajo su propia responsabilidad[24], dado que de una misma fe pueden surgir distintas opciones[25].  

La construcción de un orden social y estatal justo es tarea fundamental de cada generación. En ella, los fieles cristianos que viven su compromiso político como caridad social[26], deben responder a las exigencias de la justicia para evitar que la búsqueda del propio interés y el afán de poder opaquen y desvirtúen su intención de servir a los demás. Para ello cuentan con la doctrina social que les ofrece un horizonte de diálogo, a partir de la razón y desde lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano.[27]  

La autoridad como fuerza moral 

La autoridad política es necesaria en razón de la tarea que le es propia y debe ser un componente positivo e insustituible de la convivencia civil. Su tarea es garantizar la vida ordenada y recta de la comunidad, sin suplantar la libre actividad de personas y grupos, sino orientándola hacia la realización del bien común, respetando y tutelando la independencia de los sujetos individuales.[28]  

La autoridad tiene la obligación de reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales que no se fundan en mayorías de opinión. Si así fuera serían provisionales y cambiables. Tiene la tarea de mandar según la recta razón y de obligar por su conformidad con el orden moral. Sus leyes y ordenamientos son justos en la medida que promueven la dignidad de la persona humana. La obediencia que el ciudadano debe a la autoridad se fundamenta en el orden moral al que ésta sirve. Si la autoridad no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y se hace ilegítima.

III. ALGUNOS DESAFIOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA DEMOCRACIA 

Contribuir al fortalecimiento de una democracia integral 

No está en discusión el valor de la democracia, aunque tenemos problemas en las modalidades de su ejercicio y en las condiciones sociales, económicas y políticas, nacionales e internacionales, que la hacen posible. Es necesario trabajar por fortalecerla recuperando en la conciencia social el sentido de la ciudadanía y el valor del principio de representatividad, colocando en el horizonte de la actividad política el compromiso por la justicia social. 

Para contribuir al fortalecimiento de la democracia integral, nuestro aporte está fundamentalmente en la educación, pues a través de ella “es posible construir una cultura más participativa, representativa y respetuosa de la dignidad humana en todos los ámbitos, es decir, una cultura de la democracia.”[29] 

Por ello proponemos en el corto plazo, impulsar, en los espacios creadores de cultura y con distintos actores relevantes en la construcción de una cultura democrática[30], distintas actividades de formación que promuevan la participación ciudadana, insistiendo en los valores que fundamentan la democracia, en sus elementos sustanciales, estructurales y de procedimiento y en la importancia del principio de representatividad.  

Consideramos además que es importante que en espacios plurales de diálogo se estudie y analice la conveniencia de seguir avanzando en nuevas formas de participación política ciudadana, tales como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato, de manera que se puedan dar avances legislativos en esta materia. 

Asegurar una adecuada representatividad 

Nuestra democracia es una democracia representativa. Recordemos que los representantes no son simples agentes pasivos de los electores y que sus objetivos no dependen exclusivamente de los intereses de partido, sino de la actuación del bien común.[31]  La representación política tiene una dimensión moral irrenunciable que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. Se requiere que la autoridad sea ejercida mediante el recurso a las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio -paciencia, modestia, moderación, caridad, generosidad- y que sea ejercida por personas capaces de asumir, como finalidad de su actuación, el bienestar de todos y no el prestigio o el logro de ventajas personales.[32]  

Una adecuada representatividad exige a los representantes y representados evitar la corrupción política. Este cáncer de la democracia traiciona los principios éticos y las exigencias de la justicia social, compromete el correcto funcionamiento del Estado introduciendo la desconfianza en las instituciones políticas y el menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones.[33]  

Un candidato a representante debería llenar el siguiente perfil ético mínimo: 

La honestidad es un criterio fundamental para percibir al candidato como confiable, transparente, coherente, persona de valores como la veracidad, la lealtad, la honradez. Es el principal antídoto contra la corrupción.

El conocimiento de las necesidades de la gente. Esto supone cercanía y sensibilidad. No basta el conocimiento técnico, es necesario un conocimiento directo que le permita descubrir las exigencias del bien común tanto en el nivel local como nacional.

Compromiso con la reconciliación y la justicia. Es una exigencia ética y un imperativo de la realidad que vivimos. Sólo representantes con un profundo sentido de justicia lucharán, desde el ámbito que les es propio, contra la pobreza y la desigualdad, contra la inseguridad y la violencia, contra la fragmentación social.

Capacidad suficiente. No basta la buena voluntad, las tareas de representación son distintas. Una función administrativa y una tarea legislativa requieren formación y capacidades diversas que no se improvisan. La demagogia siempre es engañosa.

Sensibilidad por los pobres, por los excluidos, por los indefensos, demostrada no sólo en las campañas electorales, sino en su vida diaria. 

Nos proponemos impulsar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el voto responsable. No entendemos por ello ni proselitismo político ni política partidista. No pretendemos utilizar nuestro ministerio para influir en los fieles para que voten por una opción determinada, sino exhortarles para que disciernan críticamente y decidan conforme a su conciencia rectamente formada.

Re-valorar la función de los partidos políticos 

Hoy los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en el fortalecimiento de la democracia, por ello “… deben hacer siempre un serio esfuerzo para representar de un modo auténtico las aspiraciones y necesidades del pueblo.”[34]. Para hacer frente a esta responsabilidad deben atender a algunos desafíos: alcanzar la armonía; respetar en sus procesos internos los derechos políticos de los militantes; formarlos en su filosofía e incrementar su militancia con ciudadanos convencidos en su declaración de principios y en su propuesta política.  

La función política de los partidos no se limita sólo a los procesos electorales. Los partidos deben ser instancias permanentes de formación política. Hoy ningún partido puede pretender tener la verdad absoluta, ni la solución única a los problemas de la comunidad. Esto exige apertura al pluralismo, tanto dentro del partido como en su relación con otras instancias de participación social y política.  

La militancia partidista pide actitudes nuevas a la hora de plantear la propuesta política. Hoy es necesario atender, con respetuosa escucha, a las demandas, aspiraciones y necesidades del pueblo. En otras palabras, primero escuchar, después proponer. Este diálogo, escucha y propuesta, no puede limitarse a los militantes del propio partido, ni plantearse sólo como estrategia para captar el voto de los indecisos. Es un auténtico servicio a la ciudadanía que fortalece a la comunidad como sujeto de su historia.  

Impulsar una responsable participación ciudadana  

Necesitamos un horizonte cultural capaz de hacer germinar y de suscitar el renacimiento de la vida política. Esto no será posible sin una responsable participación ciudadana. El sistema político democrático exige el protagonismo de los ciudadanos en la vida pública; por eso los cristianos tienen que participar activamente en ella, pues no basta tener fe y querer hacer el bien, es necesario además dar vida a las instituciones de la vida pública y actuar con eficacia dentro de ellas.[35] 

Los cristianos no pueden eximirse por tanto de participar en las tareas políticas, pues se trata de un derecho y un deber que debe ejercerse en el marco de una sociedad pluralista. Su participación puede tener varios cauces entre los que destacan los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y cuando se trata de las jornadas electorales, el ejercicio del derecho al voto o la participación como funcionario de casilla, el apoyo de observador electoral. En cada caso han de conducirse con ejemplaridad, con sentido de responsabilidad y siempre con voluntad de servicio. 

La educación cívica y política debe integrar dos dimensiones: la moral y la técnica. De esta manera quienes se dedican a la actividad política y se dicen cristianos serán al mismo tiempo que competentes moralmente íntegros, capaces de reconciliar la ética con la política. Este es el aporte decisivo de los cristianos al quehacer político en la sociedad democrática.  

Para ser testigos de la esperanza hay que superar la tentación del desaliento que justifica la abstención. No se puede cambiar en pocos años ni en los primeros intentos un sistema y estilo de vida autoritario que se construyó por décadas.  

Además de participar responsablemente en los procesos electorales, alentamos a la ciudadanía a que tenga una actividad pública más consistente y permanente, ya que la democracia  requiere de la “subjetividad” de la sociedad mediante la creación de estructuras de participación y corresponsabilidad.[36]  Esta participación es muy importante para la promoción de las reformas necesarias a la arquitectura institucional del Estado de derecho. 

Reconociendo que la información es uno de los principales instrumentos de participación democrática, es necesario asegurar un pluralismo real en este ámbito de la vida social. Se deben garantizar múltiples formas e instrumentos en el campo de la información y la comunicación, y las condiciones de igualdad en la posesión y uso de dichos instrumentos mediante leyes apropiadas, para asegurar la no subordinación de los intereses públicos a los intereses comerciales, particulares o de cualquier esfera de poder.  

Es indispensable que se refuercen las garantías de protección a los periodistas, que ofrecen un valioso servicio cuando sirven a la verdad, el respeto a la libre expresión y el acceso a la información pública y la transparencia, así como el compromiso de los medios de conducirse éticamente, ser rigurosos en la cobertura noticiosa y responsables en su labor de orientación social. 

Seguir impulsando el crecimiento de la sociedad civil 

La sociedad civil es la comunidad organizada para alcanzar la satisfacción de necesidades o la realización de ideales compartidos. A través de su participación en los procesos sociales, políticos y económicos del país o de sus localidades, se convierte en interlocutora de todas las instituciones, en especial del Estado. El surgimiento de la sociedad civil es muy necesario para redefinir la tarea política en términos de convivencia y de atención a las prioridades nacionales y locales, pues “son muy importantes los espacios de participación de la sociedad civil para la vigencia de la democracia, una verdadera economía solidaria y un desarrollo integral, solidario y sustentable.”[37]  

Alentamos el fortalecimiento de redes ciudadanas de la sociedad civil organizada, legalmente constituida y supervisada y éticamente fundamentada. Es conveniente  promover el crecimiento de la sociedad civil en el nivel local, lo que supone desarrollar el sentido de pertenencia a la comunidad, el compromiso, la generosidad, el sentido moral y el interés por los asuntos públicos. La vertebración ciudadana favorecerá que nuestra democracia, además de representativa, sea participativa. 

CONCLUSION 

En esta reflexión exhortamos a los fieles católicos, hombres y mujeres de buena voluntad a contribuir a la consolidación de la democracia y a que participen en el proceso electoral en curso y animar a otros a hacerlo. Es importante asumir un estilo de vida democrático y promoverlo cada quien en el ámbito de su competencia. 

A nuestros hermanos sacerdotes les invitamos a asumir responsablemente su tarea de formación de la conciencia de los fieles católicos, respetar en todo los derechos políticos de la ciudadanía, cuidarse de no identificar su ministerio en favor de los pobres y de la justicia con posiciones partidistas, y  fortalecer en los distintos espacios  la vida comunitaria, la participación y formas civilizadas de convivencia, fundadas en el respeto a la dignidad de las personas. 

A los padres de familia, les invitamos a revisar el estilo de vida familiar para superar las formas autoritarias por formas participativas y, en la medida de lo posible, democráticas. A las instituciones educativas, en especial las de inspiración cristiana, las exhortamos a integrar auténticas comunidades educativas, que más allá de una educación individualista, se hagan responsables de la transmisión y vivencia de las virtudes sociales y políticas.

A los comunicadores, particularmente a los que se confiesan católicos, les animamos a vivir su profesión como un apostolado, al servicio de la verdad, del bien común y de la democracia. A quienes participan en organizaciones de la sociedad civil les alentamos a no desanimarse ante las dificultades y a continuar con renovado entusiasmo su compromiso por fortalecer la subjetividad de la sociedad. 

A quienes están comprometidos en la actividad política, tanto en la militancia partidista como en puestos de representación y servicio publico y se confiesan católicos, les exhortamos a asumir con valentía, audacia y creatividad, la dimensión ética de la política, a vivirla como caridad social, a impregnar su ambiente de trabajo con una opción decidida por la justicia y por el desarrollo integral de las personas, particularmente las más pobres, así como ser fieles a su conciencia cristiana que les pide la promoción de la dignidad humana y el respeto de la vida en todas sus etapas. 

Invitamos a todos a mantenernos unidos en la esperanza. Creemos en un Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo y “sólo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza es imperfecto.”[38] Para ello, impulsaremos una campaña de oración por nuestra patria, por nuestros gobernantes y por quienes aspiran a serlo, para que el proceso electoral en curso y la participación ciudadana contribuyan a la consolidación de nuestra democracia. 

La cercana celebración del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, más allá de fiestas emotivas propicias para el derroche de recursos, han de ser la oportunidad para avanzar en nuestra democracia, en el desarrollo de una conciencia ética de nuestros políticos y de una conciencia cívica en la ciudadanía, y en particular para los cristianos en la conciencia de la dimensión política de nuestra fe.   

Como Obispos de la Iglesia sabemos que es urgente dar seriedad y credibilidad a la continuidad de nuestras instituciones civiles, defender y promover los derechos humanos, custodiar en especial la libertad religiosa y cooperar para suscitar consensos nacionales en todo lo que sea vital para el bien común de la nación.[39] 

Encomendamos a Santa María de Guadalupe, madre de México, los esfuerzos por consolidar la democracia en nuestro país, para que en su casa, que es toda nuestra patria, logremos reconocernos hermanos y vivir en fraternidad.   

México, D.F., a 24 de abril de 2009